Durante la Segunda República española la administración turística oficial estuvo condicionada por el caos organizativo y la austeridad presupuestaria.
Inmediatamente después de la proclamación republicana, la Junta del Patronato Nacional del Turismo (PNT), que había sido creado por la dictadura de Primo de Rivera en 1928, presentó su dimisión.
No obstante, siguió en su puesto hasta el día 23 de abril, cuando se nombró director general de Turismo a Claudio Rodríguez Porrero y se decretó que el PNT y la nueva Dirección General de Turismo (DGT) liquidaran los contratos y presupuestos en curso que no debieran continuarse, examinaran la gestión anterior, formularan las propuestas que correspondieran y prepararan la más rápida modificación de servicios que el interés público aconsejara no suprimir. El Gobierno de Alcalá-Zamora justificó la adopción de medidas tan drásticas aduciendo que la organización del PNT, así como la recaudación y el destino de los fondos que habían constituido su caja especial, vinculada desde octubre de 1928 a lo generado por el seguro obligatorio de viajeros por ferrocarril, casi nunca habían respondido “a los fines naturales del organismo administrativo”, ni su gestión había dejado “satisfecha en todo caso la seguridad de acierto, orden y apartamiento de otros impulsos y resortes de carácter político”. Poco después, el 9 de mayo, se indicó que la DGT procediera a una reducción de la plantilla, argumentando que el PNT había creado para su servicio excesivos cargos, “muchos de ellos sin otros estímulos que los del favor”, y que había otorgado con “análogo criterio de prodigalidad otras varias mercedes” que no podían ni debían “subsistir en un régimen atento a normas de la mayor justicia y previsión”. Unas duras críticas que también se escucharon en el Congreso de los Diputados. En el mes de agosto, José Díaz Fernández, diputado radical socialista, definió al PNT como “una de las grandes vergüenzas de la Dictadura”, pues no sólo se había “carecido en él de plan y orientación eficaz para una propaganda seria que favoreciesen nuestros intereses”, sino que había “sido una verdadera orgía administrativa”.
A las autoridades republicanas les preocupaba el previsible y considerable déficit con el que el PNT iba a cerrar el año 1931. Sus recursos económicos se habían visto mermados dicho ejercicio al cederse a la Asociación de Empleados y Obreros Ferroviarios el 10 % de los ingresos brutos del seguro obligatorio, y a las compañías del citado sector nada menos que el 50 % de los productos líquidos de aquél, con lo que de los 11 millones de pesetas que se habían previsto que ingresara el PNT se temía que, en el mejor de los casos, recibiría 3,8 millones. Además, a punto de finalizar el año todavía existían en las cajas del Tesoro cerca de 7,5 millones de pesetas procedentes del empréstito de 25 millones que el 27 de noviembre de 1928 se había facultado a emitir al ente monárquico como fondo inicial de funcionamiento. Por último, también era muy lamentable para las autoridades que los trabajadores del PNT carecieran de estabilidad y de situación definida, no gozando de la consideración de funcionarios públicos.
La llegada, a mediados de octubre, de Manuel Azaña a la presidencia del Gobierno aceleró el proceso que culminaría con la supresión de la breve DGT y el nacimiento del PNT republicano. Se inició entonces un bienio en el que el máximo organismo público turístico estuvo muy condicionado por la política de austeridad económica gubernamental, siendo sometido a las leyes generales administrativas y a una reducción de su personal, y de su presencia local e internacional.
El 26 de octubre se admitió la dimisión de Rodríguez Porrero y se decidió que fuera el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Enrique Ramos Ramos, en el cargo desde 10 días antes, el que asumiera todas las facultades y atribuciones conferidas hasta ese momento al director general de Turismo. El 4 de diciembre quedó suprimida la DGT y sus servicios pasaron a la Subsecretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros. Para los cargos de vicepresidente, secretario y vicesecretario del PNT fueron designados Ricardo Orueta Duarte, Rafael Calleja Gutiérrez y Ricardo de Jaspe Santomá, respectivamente. También se determinó que el presupuesto del PNT pasara a formar parte del de la Presidencia y que dejaran inmediatamente de prestar servicio todos los trabajadores que percibieran remuneración de otros organismos o entidades oficiales, que las necesidades del servicio determinarían la formación de la nueva plantilla de funcionarios, que a partir del día 1 de enero de 1932 el PNT no pagaría en sus oficinas provinciales o locales de España más sueldos que los de los intérpretes, cesando en sus cargos los auxiliares, delegados, secretarios y jefes de las mismas, y que podrían cerrarse aquellas que antes de finales del mes de febrero de 1932 no contaran con financiación a cargo de las respectivas diputaciones y ayuntamientos.
Las tareas del PNT republicano, y su organización funcional y geográfica, quedaron recogidas en el reglamento aprobado el 12 de enero de 1932. Se le encargó divulgar el conocimiento de España, organizando la “propaganda de sus bellezas naturales, históricas y artísticas”, facilitar al viajero información y guía, contribuir a la mejora e inspección de los servicios de alojamientos, transportes y similares, y promover o fomentar todas las iniciativas que tendieran al desarrollo del turismo. Además, se le facultó para poder establecer oficinas de información y propaganda en el extranjero y en territorio nacional, pudiendo recabar para ello los concursos y colaboraciones de organismos oficiales o particulares.
Las consecuencias de las normativas de diciembre de 1931 y enero de 1932 fueron inmediatas y muy notables en términos de personal y de infraestructura. El propio presidente del organismo facilitó, el 18 de diciembre de 1931, una nota a la prensa en la que señalaba que, de 64 empleados adscritos a la organización central, habían cesado 29 y solo permanecían 35 funcionarios, y que, en las oficinas provinciales, tras haber causado baja 82 jefes o auxiliares, solo seguían vinculados los intérpretes. Por lo tanto, a comienzos de 1932 el PNT necesitaba una nueva plantilla. Algo que empezó a materializarse en los meses de mayo y junio al convocarse una oposición para proveer 5 plazas de auxiliares taquimecanógrafos y un concurso-oposición para proveer, entre los que pertenecieran o hubieran pertenecido al personal de información, 50 plazas de intérpretes informadores. Además, se cerraron las oficinas de información que su homónimo monárquico había abierto al público en Londres, Roma, Múnich, Nueva York y Buenos Aires, y se decretó, el 12 de abril de 1932, que podrían seguir funcionando 41 de las oficinas existentes en el interior de la nación, pero siempre y cuando el citado organismo considerara suficientes las aportaciones económicas que los ayuntamientos o diputaciones provinciales respectivas estaban obligadas a realizar antes del día 30 de abril para contribuir a los gastos de sostenimiento. De no ser así, habría que cerrarlas. Por último, se facultó al PNT para organizar o concertar, según procediera, la organización turística en Cataluña. Algo que se materializó a primeros de junio al conferir su representación a la Generalidad de Cataluña para la organización y desarrollo del turismo en dicha región, cediéndole en usufructo sus oficinas en Port-Bou, La Junquera, Puigcerdá, Gerona, Barcelona y Tarragona.
El 21 de julio se decretó la creación del Comité de enlace entre el Consejo de Administración del Patrimonio de la República y el PNT con el objeto de unificar la intensificación y difusión de la propaganda de los edificios y lugares que la Ley de 22 de marzo de 1932 había asignado al Patrimonio de la República, así como para promover y ejecutar las obras que fueran indispensables en los mismos. Se le encomendó la reconstrucción y adecuación de cara a su explotación turística de los palacios de La Granja, Riofrío y Aranjuez. Se pretendía con ello, tal y como señaló Ramos en el Congreso de los Diputados en el mes de noviembre, crear en las cercanías de Madrid un circuito en el que se ofreciera a los interesados el “lujo de poder ver en pocas horas… palacios magníficos, colecciones estupendas de tapices y de pinturas, y jardines también de un gran valor”.
Por lo tanto, en poco más de un año el máximo organismo público responsable del turismo había visto mermados su personal y sus opciones de informar directamente a los potenciales turistas en varias de las ciudades más importantes del mundo. Como es natural, esto generó polémica en el Congreso de los Diputados. José Ballester Gozalvo, diputado radical socialista, aventuraba ya en febrero de 1932 que con la reorganización aprobada en diciembre del año anterior se había “cometido el error de crear un organismo” que no iba “a tener efectividad ninguna” y que acabaría con “todo lo poco bueno” que había hecho en tiempos de Primo de Rivera. En cambio, un mes después Manuel Torres Campañá, diputado republicano radical, aplaudía la decisión de convertir al citado organismo en un “simple Negociado de la Presidencia del Consejo de Ministros”, pero se quejaba de que la reorganización que había experimentado el turismo no era la “adecuada a las necesidades culturales, artísticas y monumentales” de España. Más radical fue el nacionalista vasco Jesús María Leizaola Sánchez, al señalar en noviembre de 1932 que la coyuntura era tan delicada como “para haber suprimido el Patronato Nacional del Turismo”.
Pero, afortunadamente, no se hizo. Ni tampoco se haría en la convulsa etapa que, iniciada tras la dimisión de Azaña en septiembre de 1933, se prolongaría hasta el inicio de la Guerra Civil y en la que en menos de 3 años hubo 8 presidentes de gobierno y 9 presidentes del PNT: Publio Suárez Uriarte, Manuel Torres Campañá, Plácido Álvarez Buylla, Luis Buixareu Ibáñez, Guillermo Moreno Calvo, Félix Sánchez Eznarriaga, Miguel de Cámara y Cendoya, Luis Fernández Clérigo y Carlos Esplá. Algo que no aportó estabilidad alguna a la institución, de lo cual se quejaron, entre otros, la Asociación de Hoteles y Similares de Madrid y el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón. Mientras que la primera señalaba en diciembre de 1935 que la “transitoria estancia” de los presidentes se traducía en “ineficacia del organismo”, el segundo se preguntaba unos días después si era posible que hiciera labor “cambiando constantemente de presidente, un organismo cuya eficacia consistía en la continuidad”.
La primera actuación significativa llegó con el mandato de Diego Martínez Barrio. El 30 de noviembre de 1933 se autorizó al presidente del PNT para que designara una comisión inspectora que revisara la administración del citado organismo y estudiara su reforma. Y parece que la citada comisión trabajó rápidamente. El 31 de enero de 1934 se aprobaron algunas modificaciones de su reglamento. El objetivo perseguido con las mismas no era otro que, una vez que se habían “encuadrado los servicios turísticos dentro de normas claras y procedimientos honestos”, iniciar una nueva etapa en la que se diera al fomento del turismo un sentido más eficaz, huyendo del burocratismo y facilitando las iniciativas de carácter “local, regional o gremial”.
Pero esta reforma no mitigó las críticas en el Congreso de los Diputados. En mayo de 1934 Juan Estelrich Artigues, diputado de la Liga Regionalista y miembro del Grupo Parlamentario pro-Turismo, acusaba a las autoridades de limitarse a burocratizar el PNT y solicitaba que los asuntos del turismo no siguieran dependiendo de la Presidencia, ya que la misma había provocado que fueran “desmenuzándose, desvirtuándose, envileciéndose”, y propuso la existencia de un servicio autónomo mejor organizado, que dispusiera de los elementos precisos para su desenvolvimiento y para “realizar su cometido en el interior y en el extranjero”, y que estuviera, en la medida de lo posible, “a cubierto de los cambios y trastornos ministeriales”. Pero esta propuesta cayó en saco roto. Las modificaciones administrativas de cierto calado no llegarían hasta el inicio de la Guerra Civil.
