El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía peruana, pero enfrenta un desafío estructural: la alta informalidad.
Este fenómeno reduce la competitividad, afecta la calidad de los servicios y pone en riesgo la experiencia de los visitantes. Los datos más recientes revelan la magnitud del problema. A nivel nacional, cerca del ochenta por ciento de las micro y pequeñas empresas turísticas operan en la informalidad, según estimaciones de la OCDE y APEC. En el ámbito regional, la situación es aún más crítica.
En Cajamarca, la informalidad alcanzó el ochenta y tres por ciento durante el primer trimestre de 2025, mientras que en Arequipa, según cifras del INEI y estudios del MTPE, supera el 60%. En Cusco, entre el setenta y el ochenta por ciento de las empresas turísticas funcionan al margen de la legalidad, con apenas un veinticinco por ciento en situación formal.
Esta tendencia también se refleja en la estructura productiva: el INEI calcula que el cuarenta por ciento del valor agregado bruto en restaurantes y alojamiento proviene de actividades informales, al igual que el treinta y tres por ciento en transporte y comunicaciones.
En términos absolutos, más de 900,000 personas trabajan en restaurantes y alojamientos sin protección legal, y más de un millón lo hacen en transporte turístico bajo condiciones de informalidad.
Las consecuencias de esta situación son múltiples. El Estado pierde una valiosa recaudación fiscal, las empresas formales deben enfrentar una competencia desleal y la calidad de los servicios se ve deteriorada. Los turistas quedan expuestos a estafas, accidentes y situaciones de inseguridad, lo que termina dañando la imagen del Perú como destino internacional. Al mismo tiempo, los trabajadores informales permanecen excluidos de la seguridad social, las pensiones y el crédito formal, lo que perpetúa un círculo de vulnerabilidad económica y social.
Frente a este panorama complejo, es indispensable asumir un enfoque integral. No basta con sancionar, sino que se debe simplificar los trámites de formalización, ofrecer programas de capacitación y asistencia técnica, ampliar el acceso al crédito formal e incentivar a los emprendedores con beneficios tributarios y certificaciones que den valor agregado a su oferta. Para ello, sería crucial implementar un plan integral que, tras identificar las causas profundas de esta economía irregular, provea fondos y asistencia a los empresarios para facilitar su transición hacia la legalidad.
En conclusión, la informalidad en el turismo es un problema que exige voluntad política, esfuerzo empresarial y participación ciudadana. Formalizar no solo significa cumplir con la ley, sino también generar empleo digno, mejorar la calidad de los servicios y consolidar al Perú como un destino confiable y sostenible. Reducir este flagelo es una tarea urgente y posible, necesaria para garantizar que el turismo continúe siendo una de las principales palancas de desarrollo económico y social del país.
