La pandemia ha supuesto un importante deterioro de la salud mental en un año, con un aumento del 30 por ciento de las consultas en psicología.
La ansiedad o la depresión son algunos de los síntomas detectados entre la población a causa de la incertidumbre, las restricciones, la situación económica o el teletrabajo
El primer año de pandemia ha supuesto un importante deterioro de la salud mental entre la población. La incertidumbre provocada por la inusual situación, las restricciones de movilidad u horarios impuestas por las diferentes administraciones, el empeoramiento de la situación económica -agravada por los ERE o los ERTE- o el difuso límite entre la vida personal y la laboral debido a la generalización del teletrabajo son algunas de las causas que han influido notablemente en la sociedad, según indican desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) en el balance del primer año de la entrada del coronavirus en España. Los datos son esclarecedores: las consultas en psicología han incrementado en torno a un 30 por ciento aproximadamente en España.
Los datos en este sentido son preocupantes ya que precisamente la ansiedad y la depresión suponen un 2,2 por ciento del PIB de nuestro país, según datos de un estudio de PiscAP (Psicología en Atención Primeria). De hecho, la Organización Mundial de Salud afirma que para 2030 la salud mental va a ser el primer problema de salud pública del mundo.
Además, la pandemia y sus consecuencias ha afectado a toda la población, incluidos los propios psicólogos. De ahí la importancia que han adquirido los grupos de supervisión y conceptos como el de autocuidados.
Mejoras urgentes
No obstante, la Covid-19 no ha sido más que un catalizador de una situación que ya era precaria de por sí antes de la pandemia. Y es que los servicios públicos de salud mental ya eran deficientes antes de la llegada del coronavirus a nuestras vidas. Los datos así lo demuestran: se tarda una media de tres meses en llegar a un psicólogo en el sistema público y un alto porcentaje de la población ni siquiera llega a acceder y solamente se le deriva a un psiquiatra o, directamente, en atención primaria se trata de paliar la afección con tratamiento farmacológico.
Además, la periodicidad de las consultas en psicología tampoco son las adecuadas: oscilan entre los 1’5 y 2 meses. Ello hace que sea más que necesario un aumento de las plazas PIR (Psicólogo Interno Residente) y la ratio de psicólogos clínicos.
Dada la situación, desde el COPAO se entiende que las administraciones públicas deben concienciarse de la necesidad de poner en marcha un plan para paliar los efectos de esta oleada de demanda de tratamiento psicológico porque, ahora mismo, hay una infraestimación generalizada de todas las administraciones de los efectos y secuelas psicológicas de la pandemia.
Del mismo modo, estas administraciones tampoco son conscientes de la problemática que su falta de actuación está ocasionando, ya que se genera una sobreoferta de medios y profesionales no cualificados que se ‘suben al carro’ de la psicología y que, de no tomar medidas adecuadas, van a causar más daño que beneficio.
Los profesionales sí han reaccionado y, durante la pandemia, 17 de los 22 colegios oficiales de psicología españoles, conscientes de la situación y de su gravedad, han tenido la iniciativa propia de poner en marcha, bajo su cuenta y riesgo, teléfonos de atención a la ciudadanía.
Nuevas tecnologías
Dentro del balance de este primer año de pandemia es importante destacar también que, desde muchas consultas, los psicólogos se han visto obligados a adaptarse a la nueva situación para poder seguir pasando consultas mediante el uso de las nuevas tecnologías.
Aunque todo parece indicar que, con la vuelta a la normalidad, volverán las consultas presenciales, en muchos casos se continuarán utilizando las nuevas tecnologías. Ello permitirá llegar a pacientes con movilidad reducida, personas residentes en zonas más alejadas de los grandes núcleos poblacionales, etc.
En este sentido es importante que los profesionales utilicen plataformas donde se puede garantizar la protección de datos y la confidencialidad de las consultas.
